La violencia de la Fuerza Pública vulnera los derechos fundamentales

A finales de junio de 2021 una delegación catalana formada por partidos políticos, instituciones y organizaciones sociales viajamos a Colombia con el objetivo de conocer de cerca las causas y consecuencias del Paro Nacional iniciado en abril y protagonizado por jóvenes sin perspectivas de futuro que se lanzaron a las calles para pedir mejoras en educación, sanidad, medio ambiente y un gran número de reclamaciones.

Las entrevistas realizadas por la Delegación y los informes recibidos por parte de organismos oficiales y de entidades sociales
permiten afirmar que Colombia padece debilidades democráticas al no garantizar el derecho a la vida, la integridad, la seguridad, la libertad personal, la libertad de expresión, reunión y manifestación pública, la libre asociación, la libertad de prensa, el derecho a la vivienda digna, la tierra y el territorio, y el derecho a la consulta previa, libre e informada.

La respuesta del Gobierno de Iván Duque ante el Paro Nacional obedece a una lógica de guerra, con un aumento de agentes armados en las calles y situando a la ciudadanía como si fuera un enemigo. Además, existe un alto grado de estigmatización y criminalización de las protestas por parte de gobernantes y de élites políticas,

Una de las principales características del Paro Nacional es la proliferación de la Primera Línea (PL) o Primeras Líneas, puesto que existen varios grupos. Se trata de un movimiento creado en 2019 que defiende a los manifestantes de las protestas antigubernamentales si hay acciones violentas por parte de la Fuerza Pública.

Las personas de la PL, la mayoría jóvenes, llevan escudos, caras tapadas, gafas, cascos y guantes para protegerse y no ser reconocidas, y hacen frente al cuerpo de la Policía del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). No tienen un único liderazgo y no reconocen al Comité Nacional del Paro, por lo que los procesos y las peticiones pueden ser diferentes.

Los testigos de las protestas reiteran que hay un uso desproporcionado de la violencia por parte de policías y militares a través de disparos horizontales, y no en forma parabólica, lo que minimizaría daños, y que estos disparos están dirigidos a la parte superior del cuerpo. A esto se suma el uso de proyectiles que contienen perdigones, clavos y objetos punzantes.

En el marco del Paro Nacional se ha detectado una práctica sistemática de violencia sexual basada en género, orientación sexual e identidad étnico-racial asociada a detenciones por parte de la Fuerza Pública. Entre los hechos registrados hay tocamientos, acoso sexual verbal, amenazas con violencia sexual y violaciones.

Durante el Paro Nacional, se ha perpetuado el fenómeno de la desaparición forzada sobre todo en las ciudades, que afecta tanto a la persona desaparecida como a su entorno social y familiar, creando un clima de terror que favorece el silencio y la no denuncia ante los tribunales.

De todo esto y más trata el informe «La violencia de la Fuerza Pública vulnera los derechos fundamentales en las protestas del Paro Nacional« elaborado por la Delegación catalana en Colombia, que incluye una cincuentena de recomendaciones al gobierno y al estado colombiano pero también al gobierno de España, el Congreso de los diputados de Madrid, a la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, al Ayuntamiento de Barcelona, ​​a los gobiernos locales y finalmente al Consejo y al Parlamento Europeo.


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